En la mayoria de países, el alcanzar un nivel de impunidad de 97%, seria considerado como un serio problema. Insisto, esto seria en la mayoria de paises, porque aquí en Guatemala, no. Lo vemos como algo muy normal, y por eso no queremos que las Naciones Unidas envien a ningún relator de derechos humanos para ayudar a mejorar tal situación.
En la mayoria de países, si el fiscal general fuera apenas capaz de procesar 224 casos de 23,615 denuncias en el 2005, seria destituido inmediatamento por no cumplir con sus deberes y obligaciones. Pues aquí en Guatemala, no. Se le nombra para un segundo periodo de cuatro años.
¿Sera esta una cuestión de orgullo chapín que nos impide seguir adelante y hacer los cambios necesarios para poner fin a este vergonzoso problema de impunidad? Esta semana hay dos columnas de opinión sobre los relatores y la ineficiente ejecución de fiscal general Juan Luis Florido.
La última decisión política del gobierno referente a suspender la llegada de relatores, representa un grave retroceso en materia de observancia de los derechos humanos, pues si bien es cierto ha incumplido una a una las recomendaciones que le han hecho en los últimos años. Anular de un plumazo la presencia en el país de relatores específicos, es dar la espalda a la comunidad internacional que, en diversas formas, manifiesta su preocupación por la situación de violencia, inseguridad y debilidad del sistema de justicia, así como su voluntad de contribuir a superar las crisis que se manifiestan en esos aspectos.Entendemos que el gobierno se sienta acosado y hasta le enfaden los señalamientos que sobre la situación general del país hacen los relatores como Philip Alston, de ejecuciones extrajudiciales, a quien el presidente Berger pidió pruebas, en vez de aceptar lo que medio mundo percibe y sabe, y de buscar formas de solución a la problemática de ejecuciones y existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos.
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Cuál es el temor, ¿que se afectó la imagen del país? O es la nueva política en materia de derechos humanos a la cual tendremos que sujetarnos en lo que resta de su mandato.Guatemala debería hacer honor al inmerecido puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidades y no “suspender” la llegada de sus relatores.
Y por Juan Luis Font:
Al fiscal FloridoDéjese de contemplaciones. Haga cumplir la ley.
Muchos guatemaltecos estamos hartos, señor Fiscal. Estamos cansados de tributar a un Estado que sirve bien a quienes más poder tienen en este país y en cambio, desprecia y ningunea a quienes necesitan de él para hacer valer sus derechos mínimos. Del cumplimiento del orden jurídico nacional depende en buena medida que existan o se nieguen las oportunidades básicas a cualquier ciudadano para desarrollarse y crecer sin coerción ni privilegios. Lo contrario es hacerle el juego a ese sistema que desde la época de la colonia decreta falsamente una cosa mientras maniata a la mayoría en beneficio de unos pocos. Abandone esa gestión complaciente con el orden de las cosas.
En buena hora ha instruido el Ministerio Público un proceso penal en contra de quienes son sospechosos de intentar apropiarse del dinero de 172 familias campesinas de Escuintla. La mayoría queremos que sean llevados ante tribunal y, mediante el debido proceso, se dirima responsabilidades al sindicalista Nery Barrios, al facineroso señor Cachupe y al abogado que, cobrando una millonada, ha contribuido a esquilmar a guatemaltecos muy modestos. Pero, ¿se percata de lo contrastante que resulta la acción del Ministerio Público que usted dirige en este y muchísimos otros casos? A que no se atreve a difundir la lista de las otras denuncias de lavado de dinero que la Fiscalía ha pedido sobreseer.
¿Por qué se ha contentado el Ministerio Público con la negligente actuación de la Policía en la captura de los directivos del Banco del Café y del Banco del Comercio? ¿Por qué no hubo acción pública en contra de las muy sospechosas ejecuciones de criminales y de las torturas y de las amenazas presuntamente realizadas por la fuerza pública? ¿Por qué son incapaces los fiscales de hallar evidencia alguna en los crímenes de Pavón y en los de miles y miles de personas sin fortuna? ¿Por qué no ha exigido a voz en cuello que se financie al Instituto Nacional de Ciencias Forenses?
Usted es el Fiscal General de la República y no el Fiscal Particular de Óscar Berger y sus felices financistas. En la república estamos representados todos. Actúe en consecuencia, señor Fiscal, y empiece por exigir el cumplimiento de la ley con todo el rigor que el caos jurídico del país amerita. Deje claro que no va a consentir el desacato de la Policía Nacional Civil a las órdenes de los fiscales cuando de investigar un caso penal se trata y mande preso a quien sea necesario para lograr que obedezcan sus órdenes. Después de la primera captura, veremos si el MP sigue haciéndole los mandados al Ministerio de Gobernación. Demande a los jueces que por veleidad o parapetados en meros formalismos se someten a los delincuentes. A ver durante cuánto tiempo se pueden hacer los sordos los supremos magistrados. Y exija a sus fiscales que actúen con pundonor. ¿Sancionó a quienes permitieron que un tribunal dictara libertad para los pandilleros acusados de asesinar a una familia entera? ¿Por qué no ha hecho pública esa sanción, para que los fiscales comprendan que se les exige hacer bien su trabajo? Abandone esa actitud de sabrosa displicencia frente a las injusticias notorias y las iniquidades del sistema. Complaciente impunidad para los evasores y en cambio persecución para los contrabandistas que compiten contra los amigos del régimen.
Atrévase a exigir al poder político –exigir digo, no mendigar– los fondos necesarios para hacer cumplir la ley. Déjese de contemplaciones, señor Fiscal, y ocúpese de que la ley se respete, por igual para todos.